Cajas, envases, cintas de embalaje, films y material de retractilado que contenga plástico no reutilizable. Todos estos productos están sujetos desde el 1 de enero al nuevo impuesto al plástico que graba los envases y embalajes de un solo uso y aquellos que no se puedan reutilizar para el mismo cometido, siempre que su procedencia no sea plástico reciclado.
Queda sujeta a la nueva Ley la fabricación, la importación y la adquisición intracomunitaria de plástico no reciclado, tanto si está vacío como si contiene productos, tal y como recuerda AECIM, la asociación de empresas del metal de Madrid.
La base imponible estará constituida por la cantidad de plástico “no reciclado” contenida en los productos (expresada en kilogramos). La cantidad de plástico reciclado contenida en los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto deberá ser certificada mediante una entidad acreditada para emitir certificación al amparo de la norma UNE-EN 15343:2008 y el tipo impositivo será de 0,45 euros/kg., explica AECIM, entidad en la que se integra el gremio de ferreteros de Madrid.
La Agencia Tributaria recuerda que la tasa afecta a “la utilización en territorio español de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancía”.
Según el legislador, la medida busca reducir la generación de residuos y fomentar el reciclado de los residuos plásticos, contribuyendo a la circularidad de este material y disminuyendo las opciones de gestión menos favorables desde el punto de vista ambiental.
“Inoportuno, preocupante, brutal, paralizante…”
Conviene recordar que el Gobierno ha hecho caso omiso de la moratoria que pedía la industria, incluidas las empresas de ferretería, para retrasar la entrada en vigor de un impuesto que, según reclamaron, es inoportuno, tremendamente preocupante, desesperante, brutal, paralizante, desproporcionado y totalmente recaudatorio.
Se trata de un gravamen que, según los convocantes, incrementa los sobrecostes para las compañías, en especial las pymes, y, por lo tanto, les resta competitividad frente a sus vecinos europeos. En ese sentido, el “impacto nocivo que esta medida representa para nuestras exportaciones y el freno que supone a la inversión, hará que las empresas se decanten por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales”, tal y como han explicado las asociaciones.
