La Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB) se ha sumado a la reclamación de la Alianza del Comercio y la Hostelería, a la que pertenece, que pide la consideración del comercio minorista como un sector estratégico de la economía española y como uno de los sectores más afectados por la actual situación.
En concreto, quieren que se aplique a los contratos de locales comerciales la medida del RD 6/2022 de 29 de marzo sobre “Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda”, con los mismos criterios referidos a la tipología del arrendador y a la aplicación del Índice de Garantía de Competitividad.
Esa petición, que reproducimos textualmente, aboga por la consideración del comercio minorista como un sector estratégico de la economía española y como uno de los sectores más afectados por la actual situación.
NOTA TEXTUAL DE LA ALIANZA DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
“Los sectores del comercio y hostelería de España siguen siendo los de mayor aporte al PIB y al empleo de la economía española y han demostrado la validez de su estructura sectorial, geográfica y de servicio, en los peores momentos del periodo COVID, asumiendo cambios económicos, sociales, culturales y de globalización, para mantener un nivel de servicio a los ciudadanos, independientemente de su condición social o geográfica.
Desde finales del año anterior, los indicadores evidencian que la inflación se ha convertido en la protagonista de la recuperación económica tras la pandemia. La tasa de variación anual del IPC en España en marzo de 2022 ha sido del 9,8%, 2,2 puntos superior a la del mes anterior y las subidas del IPC se traducen en una inflación de los precios y, por lo tanto, en una importante repercusión en la renta familiar disponible y, consecuentemente, en la reducción del consumo.
Estos datos, publicados recientemente por el INE, sitúan el actual nivel de inflación como el más alto registrado desde 1989 y la principal razón de este incremento se encuentra en el alza de los precios de la energía y los carburantes. Y a todo ello, debemos sumar los efectos que está provocando la guerra en Ucrania (encarecimiento del gas, de los carburantes, escasez de suministro de cereales, encarecimiento histórico de materias primas y dificultades de aprovisionamiento…) y la más reciente huelga de transportistas en España.
En conjunto, el sector del comercio y la hostelería han acabado el año 2021 con cifras de venta inferiores a las de 2019 (salvo algunos sectores puntuales como el equipamiento hogar mobiliario decoración, los productos tecnológicos y la alimentación) y en este momento deben hacer frente a dificultades mayores que ponen en riego la continuidad de la actividad, por citar algunas:
• la subida del IPC podría representar un incremento de alquileres en renovación de actualización de rentas cercano al 10%, que resultaría inasumible para la cuenta de explotación de cualquier negocio.
• el incremento de costes energéticos supone un importante aumento de los costes de funcionamiento, siendo la actividad del comercio minorista y la hostelería intensiva, también, en consumo energético (iluminación, calefacción y aire acondicionado, frío industrial en el caso de la alimentación y hostelería-restauración, …) y
• el incremento de los costes de aprovisionamiento conlleva una importante reducción del margen bruto y el sector, en una situación de reducción de la capacidad de compra del consumidor, se enfrenta a la disyuntiva de perder ventas por el incremento de precios (para mantener el margen) o de pérdida de margen (para mantener las ventas y no perder clientes).
Por todo ello, y con el objetivo de salvar la actividad comercial y de restauración, la Alianza del Comercio y Hostería de España demanda que:
• el sector del comercio minorista sea considerado y tratado como un sector estratégico de la economía española.
• que la medida del RD 6/2022 de 29 de marzo, sobre la “Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda” sea de aplicación igualmente a los contratos de locales comerciales, a los que fuese aplicable el IPC a partir de enero de 2022; con los mismos criterios de aplicación, referidos a la tipología del arrendador y a la aplicación del Índice de Garantía de Competitividad.
La Alianza de Comercio y Hostelería hace extensiva su invitación al resto de organizaciones afectadas por la situación actual a secundar esta iniciativa, cuyo objetivo es salvar el cierre de decenas de miles de establecimientos, impedir la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y atajar el deterioro de la economía española”.
