“Descarbonizar no es electrificar; por ello es muy importante no perder la base de la transición energética, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”. Lo dice la Asociación de Fabricantes Españoles de Chimeneas (AFECH), que quiere contribuir a la aclaración de las comunicaciones emitidas en las últimas semanas sobre la supuesta prohibición del uso de calderas de gas y su sustitución por bombas de calor. La Directiva europea refundida de Eficiencia Energética (UE) 2023/1791 recientemente aprobada no prohíbe las calderas de gas, ni indica que sea obligatoria su sustitución por estos dispositivos.
“Es necesario poner el foco sobre el combustible, no sobre la tecnología, que es lo que indica la normativa europea, dado que un gran porcentaje de las calderas actuales son compatibles con el uso de gases renovables y no se precisan ni siquiera adaptaciones”, asegura Jaime García, presidente de AFECH.
Según los fabricantes de conductos para la evacuación de humos, las calderas que se están utilizando son compatibles con gases renovables como el biometano incluso con su mezcla con hidrógeno verde. El uso de gases renovables es una solución óptima que contribuye a la descarbonización y que además amplía las opciones de energía, ya que sería un error centrar todo el abastecimiento en la electricidad. Los gases renovables presentan una producción estable y continua, y una gran capacidad de almacenamiento y distribución.
“Lo que la norma señala es que desde el 1 de enero de 2026 no se permitirán nuevas medidas de eficiencia energética que contemplen el uso directo de combustibles fósiles, y por tanto no se facilitarán ayudas desde la Administración para su uso en edificios residenciales. Lo cual es coherente con el “Objetivo 55”, que contribuirá a alcanzar el objetivo climático de la UE de reducir las emisiones en este territorio en al menos un 55 % hasta 2030”, recuerda el presidente de AFECH.
La transición energética contempla requerimientos económicos para poder ser eficiente en su desarrollo, “por eso no tendría sentido que se establezcan normas que impongan el uso de soluciones con un coste que no puedan asumir todos los hogares y viviendas. Así como proyectos técnicos que por su complejidad no consideren las características técnicas de las viviendas, ni las altas inversiones que podrían suponer”, tal y como sostiene Jaime García.
