OPINIÓN
Por Manuel Sánchez, presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES).
La COVID-19 ha irrumpido en nuestras vidas y está sometiendo a nuestro país a una especie de ‘test de estrés’ sanitario, económico y social. El desafío es esencialmente un tira y afloja entre combatir la enfermedad, proteger la economía y mantener a la sociedad en equilibrio. Todo dentro de una permanente evaluación del riesgo y el establecimiento, en tiempo real, de los mecanismos de respuesta ante la emergencia.
La enfermedad COVID-19 no solo ha provocado una crisis sanitaria o económica; también es un riesgo desde un punto de vista de la seguridad nacional. Más de cien páginas dedica la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), aprobada en 2017, a la existencia de epidemias o pandemias que puedan poner en riesgo la seguridad del Estado. La ESN calificaba las alertas sanitarias globales por coronavirus como una megatendencia con potenciales graves efectos para la economía y la sanidad de España.
Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), ya advertía de la «necesidad de reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos para asegurar una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional». La salud pública es su máxima prioridad pero, mantener a la sociedad y la economía en un confinamiento total durante demasiado tiempo tendrá consecuencias negativas involuntarias.
Incluso en un momento en que el COVID-19 continúa propagándose por todo el mundo, los gobiernos europeos ya han empezando reabrir las fábricas, oficinas y comercios con medidas de seguridad para minimizar el riesgo de nuevos brotes. Si bien, es muy posible que las medidas de confinamiento se extiendan durante semanas, la planificación detallada que se realiza ahora debe, más que nunca, proteger a los más vulnerables y ayudar a las economías a recuperarse más rápidamente al disminuirse las restricciones.
El Gobierno está permitiendo escalonadamente la vuelta a la actividad de los sectores de la industria y la construcción, aunque exigiendo la adopción de las correspondientes medidas de protección de los trabajadores porque «sin protección no puede haber reactivación».
Es la primera vez en la historia reciente que se produce una disrupción tan importante de la vida económica y social. Por ello, conviene reflexionar y tomar nota de todo lo que puede ayudarnos a reaccionar mejor en el futuro.
Para la reactivación económica, habría, entre otros, cuatro ejes primordiales que sostienen su estrategia: simplificación de trámites para nuevos negocios con una plataforma única digital; apoyo a las pymes y emprendedores con más opciones de financiación y acompañamiento; mejoras en empleabilidad con formación de apoyo, teletrabajo y jornadas flexibles; infraestructura pública que permita reducir barreras y conectar puntos que agilicen el comercio minorista.
Sabemos que pymes y autónomos (el 100% de los cerrajeros pertenecen a este segmento) son dos de los principales actores de la economía española y a la vez están entre los más vulnerables, por lo que se han convertido en grandes protagonistas de la crisis económica que está provocando la lucha contra el COVID-19. Es la primera vez en la historia reciente que se produce una disrupción tan importante de la vida económica y social y, por ello, conviene reflexionar y tomar nota de todo lo que puede ayudarnos a reaccionar mejor en el futuro.
Todo ello, sin perder el referente de que la crisis económica que transcurre en paralelo, con una previsible caída de PIB del 8% en este año, no provoque, en los próximos meses, una crisis social y política comparable a la que vivimos por los errores del año 2008.
