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EDITORIAL
No 242 Noviembre de 2020
Las Autonomías deben tratar a la ferretería como ‘actividad esencial’
El gremio de ferreteros de Madrid (Agrefema) ha pedido a la Direc- ción General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Ma- drid la incorporación de la ferretería y el suministro industrial al lis- tado de actividades esenciales. Esta petición coincide en el tiempo con otra iniciativa de las dos principales asociaciones sectoriales, AFEB y ADFB, en la que solicitan a las Comunidades Autónomas que decla- ren “esencial” el comercio ferretero.
Bajo estas peticiones subyacen los hechos acontecidos durante el pri- mer estado de alarma, que el Gobierno declaró el 15 de marzo y que obligó a los establecimientos de ferretería, bricolaje y suministros in- dustriales a un cierre forzoso y a unas pérdidas multimillonarias, que algunos expertos cifraron en 279 millones de euros al mes.
El sector ya reaccionó entonces solicitando al Ejecutivo que reabriese las ferreterías, pero su petición cayó en saco roto puesto que el Go- bierno mantuvo contra viento y marea el cierre comercial de estos establecimientos, que catalogó de “no esencial”. La decisión alejó a España de los 38 países de la OCDE, entre ellos, Italia, Francia, Ale- mania, Reino Unido, Dinamarca, Noruega o Suecia, que no tomaron medidas tan estrictas y que permitiron mantener la persiana alzada a los comercios del sector.
Tanto Agrefema como la Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería, y la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Brico- laje, tratan de impedir con esta reivindicación que España repita las peores decisiones de la primera ola, que entonces representaron un grave perjuicio para el empleo y la economía del sector. Si algo se ha demostrado hasta ahora es que no considerar al comercio de la ferretería una actividad esencial supone un precio inasumible para un sector formado por más de 8.000 establecimientos, que emplean a 150.000 personas, entre distribuidores y proveedores, que genera un nivel de negocio anual de 9.000 millones de euros y que tiene un impacto directo e inducido de 27.000 millones en la economía.
Las Administraciones deben escuchar a los representantes del sec- tor por el bien general. Iberferr se suma a esta petición y mantiene la misma posición que durante la pandemia: si los representantes públicos, que tienen que velar por la salud económica de un país, no lo hacen, o toman medidas contrarias al interés común, más que un rebote de la economía, habrá un rebrote permanente de la crisis más profunda. ¿Es eso lo que buscan?
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