EDITORIAL
La ferretería, entre el rebote y el rebrote de la peores decisiones
Mayo de 2020, revista Iberferr.
España ha sido el único país de la Unión Europea y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, integrada por 38 estados) que no ha permitido la apertura completa de los establecimientos de ferretería, bricolaje y reformas durante el confinamiento ni en la primera fase de la ‘desescalada’. Este hecho ha supuesto un serio revés para la industria ferretera, un coste multimillonario para las arcas del estado (279 millones de euros cada mes) y un grave perjuicio para el empleo y la economía. Es un precio inasumible, derivado de mantener cerradas las más de 8.000 ferreterías que hay en el país, un sector que emplea a 150.000 personas, entre distribuidores y proveedores, que produce un nivel de negocio anual de en torno a 9.000 millones de euros de facturación y que tiene un impacto directo e inducido de 27.000 millones en la economía.
Las organizaciones del ramo, lideradas por las asociaciones de distribuidores y fabricantes (ADFB y AFEB), han salido en defensa del sector con argumentos de peso, el primero, que se trata de una actividad esencial para los hogares. Pero se han estrellado contra el muro político de “mando único”, que no ha tenido a bien atender las razones de productores y comerciantes. La respuesta, siempre la misma: prima la salud sobre la reapertura. Como si lo uno estuviese reñido con lo otro. No extraña que la patronal, representada por las dos asociaciones, se declarase “desconcertada” con las medidas arbitrarias, impuestas al sector desde el Gobierno. Nadie entiende la doble negativa a una reapertura ordenada, pero sin trabas, de las ferreterías y centros de bricolaje, ni el negacionismo del indiscutible carácter esencial de estos comercios para los hogares confinados.
El daño está hecho, pero a la luz de los acontecimientos no toda la culpa es del coronavirus. Se ha demostrado, mas bien, que es la política la que nos aleja y aísla del resto de Europa, al menos en las cuestiones que se refieren a la tan manida ‘desescalada’ y vuelta a la normalidad. Como dijimos en este mismo espacio cuando se decretó el Estado de Alarma, el desatino va camino de ser descomunal.
Es muy difícil, por no decir imposible, luchar contra este tipo de elementos. Si los representantes públicos, que tienen que velar por la salud económica de un país, no lo hacen, o toman medidas contrarias al interés común, más que un rebote, lo que se va a producir es un rebrote de la crisis más profunda. ¿Es eso lo que buscan?
