OPINIÓN
Por Manuel Sánchez, Presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES).
Los que llevamos décadas trabajando en el sector de la seguridad y la cerrajería hemos visto, como diría el castizo, “de todo” en la casuística de las aperturas, reparaciones y las posteriores facturas de los trabajos realizados por algunos cerrajeros. Sin duda, uno de los temas que más páginas y minutos en radio y televisión han llenado estos primeros días del 2021 ha sido la escandalosa factura que recibió un matrimonio de Cartagena la pasada nochevieja, por una simple apertura, como se vio finalmente.
Los más de 1.000 euros que la empresa multiservicio cobró al matrimonio cartagenero han servido, para poner en la picota un tema que, desde la Unión Cerrajeros de Seguridad (UCES), venimos denunciando desde hace más de una década: los precios abusivos que algunos presuntos cerrajeros profesionales y empresas “especializadas en todo” marcan por algunos trabajos cuyo valor suele ser más de tres veces menor que lo visto en esta factura y en tantas que todos tenemos en nuestra memoria, e incluso en los teléfonos móviles.
Pero, ¿por qué sucede esto? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia prohíbe desde 2009 en España que organismos, colegios profesionales o asociaciones profesionales o empresariales establezcan honorarios, tarifas y precios, por lo que estos son libres. Ante esta situación, UCES siempre ha dicho que no puede recomendar precios, pero sí informar de las horquillas que están manejando los diferentes cerrajeros de seguridad de las asociaciones que conforman nuestra federación.
La lucha contra la competencia desleal y la batalla contra los oportunistas y timadores la ganaremos entre todos, con el rigor de las cosas bien hechas.
