La Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB) y otras tres entidades sectoriales entre las que está la Asociación Nacional de Centrales de Compra (Anceco), han remitido al Gobierno un escrito en el que muestran su rechazo frontal a la propuesta normativa de la Comisión Europea que pretende establecer un único plazo de pago de 30 días para todos los sectores económicos y que obligaría a las empresas a pagar los productos mucho antes de que se realice su venta.
Los firmantes de esta declaración, ADFB, Anceco, Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) y los sectores de bienes de baja rotación asociados a la Confederación Española de Comercio (CEC), alertan en su escrito sobre “las consecuencias irreparables de la reducción de los plazos de pago”, que, según denuncian, “provocará un aumento de la morosidad y costes financieros inasumibles para las Pymes y para el comercio de proximidad.
Las cuatro asociaciones recuerdan en su escrito que la Directiva 2011/7/UE, actualmente en vigor, reconoce la heterogeneidad de los diversos sectores económicos en función de sus propias especialidades y estructuras económicas. “Esta flexibilidad, de aprobarse la nueva propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, se perdería, pues, una vez aprobada la norma, sería de aplicación directa a todos los sectores y en los ordenamientos jurídicos nacionales”, explican.
La medida estrella y más polémica de la nueva propuesta normativa de la Comisión Europea es, según subrayan los firmantes, la reducción de los plazos de pago a 30 días para todas las operaciones comerciales.
“Los sectores de baja rotación somos los más perjudicados por esta medida. El nuevo reglamento confunde morosidad con libre negociación de los plazos de pago y crea un problema donde no lo hay, ya que en el sector de la ferretería y el bricolaje, por ejemplo, el nivel de morosidad hoy es prácticamente nulo”, asegura Guillermo Leal, presidente de la ADFB.
La presidenta de ANCECO y vicepresidenta de Confederación Española de Comercio (CEC), Cristina Menéndez, advierte de que “la pérdida de competitividad que supondría la aplicación de esta medida, afectaría a la economía de todos los estados miembros, puesto que produciría una evidente desviación de liquidez a países fuera de la UE que no estén obligados a plazos de pago tan reducidos”.
ADFB está formada por las empresas Aki, Bricocentro, BricoDepot, Bricogroup y Leroy Merlin. Por su parte Anceco tiene entre sus miembros a entidades del sector como Factor Pro (Grupo GCI y Ferbric), BdB o BigMat.
Las entidades firmantes confían en que sus sensibilidades sean escuchadas y defendidas por parte del Gobierno ante las instituciones europeas y esperan mantener las reuniones solicitadas con el ministro de Industria y Economía, así como con los máximos responsables de la Oficina económica de Presidencia del Gobierno.
