El creciente intrusismo en el sector de la cerrajería en España conlleva que distintas empresas del ramo realicen servicios en los que colaboran en un presunto delito. Al menos esto es lo que cree Manuel Sánchez Gómez-Merelo, presidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES), una entidad que denuncia públicamente la «actividad colaboradora» de determinados «cerrajeros y servicios de cerrajería poco profesionales» con particulares cuyo objetivo es la ocupación de inmuebles.
Eso ocurre, según distintas explicaciones, porque esos cerrajeros no piden la identificación (el DNI, por ejemplo) a quienes les llaman, como sería preceptivo, para cerciorarse de que, efectivamente, son los propietarios de la casa o personas autorizadas. No lo hacen porque lo único que les interesa es realizar el servicio y cobrar.
Por el contrario, «los cerrajeros profesionales de seguridad siempre pedimos las credenciales de la persona que nos llama para solicitar una apertura en un domicilio. Nosotros establecemos un protocolo de cinco o seis actuaciones que nos confirman que la persona que llama es el dueño del inmueble o un cliente autorizado. Y si aún así sospechamos algo, llamamos a la policía», recalca.
«En muchas ocasiones hemos evitado robos u ocupaciones, pero, desgraciadamente, el creciente intrusismo en el sector de la cerrajería en España hace que muchas empresas alegales o simples ‘abrepuertas’ realicen servicios que significan colaborar en un delito», resume Sánchez.
El presidente de UCES también quiere recordar que los cerrajeros de seguridad realizan numerosos servicios de cambio de cerradura y de puerta a aquellos propietarios que han conseguido expulsar a los ocupas. Un logro, que, según Manuel Sánchez, ha sido posible, sobre todo, desde 2018, gracias a una reforma legislativa que consiguió agilizar las expulsiones.
RECOMENDACIONES ‘ANTIOCUPAS’
UCES recomienda «poner minutos» a la puerta de casa para frenar a los ocupas y a los delincuentes, en general. Lo más apropiado, según la asociación, es instalar una puerta acorazada, que es más difícil de violentar ya que para abrirla con fuerza necesita de mucho más mucho tiempo y, sobre todo, emplear herramientas que ocasionan mucho
ruido. Y lo más importante: a una puerta acorazada no se le puede cambiar el cerrojo.
Un escudo de seguridad sobre la cerradura y un bombillo actualizado, accesorios que representan un coste mucho menor que cambiar una puerta, también pueden ayudar a resolver el problema puesto que dificultan y complican la apertura.
UCES recuerda que en los tres primeros meses de 2020 se presentaron en los juzgados casi 800 demandas por ocupación ilegal. Una cifra que ha crecido en comunidades como Cataluña y Valencia en más de un 13%, según los datos del ministerio del Interior. La actividad registrada por la Unión Cerrajeros de Seguridad indica que la ocupación ilegal de viviendas creció especialmente durante el Estado de Alarma y en los meses siguientes.
Según Interior, en el primer semestre del año el número de denuncias por ocupación fue de 7.450, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los profesionales acreditados por UCES creen que ese porcentaje es un 10% superior debido a que hay muchos inmuebles ocupados que no son denunciados. En algunos casos, más del doble que aquellos en los que se interpone una denuncia. Esto indicaría que las cifras oficiales son claramente inexactas, según asevera la UCES.
UCES es la federación que agrupa a las cuatro principales asociaciones de cerrajeros de España y que representa a casi el 90% de los profesionales del ramo. La entidad ha publicado la lista de cerrajeros que funcionan bajo sus siglas y que, por lo tanto, cumplen unos estrictos requisitos para formar parte de ella: adhesión a un código deontológico de buenas prácticas, formación y actualización permanente, así como el desarrollo de un protocolo de actuación básico que minimiza el impacto en la puerta sobre la que actúan, ahorrando importantes costes y perjuicios al ciudadano, entre otros.
